Debe inhabilitarse para contratar con la administración cualquier empresa que no sea capaz de respetar sus propios presupuestos. No es de recibo presentarse a un concurso con un presupuesto y una vez ganado, que éste quede en papel mojado.
Las empresas no son los últimos culpables, también lo son las administraciones que les adjudican contratos sobre la base de presupuestos irreales. Pero si se penalizara a las empresas, al final o ya no podrían contratar a nadie, o bien la administración revisaría su propio funcionamiento. Los sobrecostes son un verdadero escándalo y suponen una sangría constante en las arcas públicas, a costa de servicios de mayor utilidad social.
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