Se trata de un tema muy amplio que habría que encuadrar en el marco de una ambiciosa ley de participación ciudadana que garantizar la posibilidad de participación colectiva e individual en procesos legislativos, mediante nuevas instituciones sectoriales o ad-hoc, como los consejos consultivos ciudadanos, cuya función sería por un lado, integrar a la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas legislativas y, por otro, controlar y supervisar el desempeño del poder político.
De esta forma, personas y movimientos sociales tendrían la posibilidad de elaborar informes previos a las ponencias en el parlamento, estableciendo un proceso legislativo en dos niveles donde el peso de la proposición recae en la sociedad civil, y la implementación en la representación política, que puede incluir mandatos vinculantes y la existencia de mecanismos de supervisión y de reprobación.
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